La Justicia Federal prorroga cautelar suspendiendo los desmontes por tres meses mas, sin embargo las acciones ilegales no cesan y la autoridad de aplicación, el Ministerio de Producción no puede actuar más allá de lo que la legislación vigente permite. ¿A favor de quienes juegan las acciones de los abogados ambientalistas?
El Juzgado Federal de Resistencia prorrogó por tres meses una medida cautelar destinada a frenar los desmontes en la provincia del Chaco. La resolución responde a una solicitud de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y del Ministerio Público Fiscal, quienes alertaron sobre continuas actividades ilegales de deforestación pese a la vigencia de la orden judicial previa, la pregunta es para qué se dicta la medida si los desmontes ilegales continúan y con esta acción de la Justicia solo se perjudica al productor que quiere hacer las cosas correctamente. Las paradojas que llevan a dudar sobre las verdaderas motivaciones de esta Asociación, ¿a quienes prentender beneficias?.
Causa
El caso, caratulado como «Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas s/ Incidente de Medida Cautelar», gira en 
torno a la protección de los bosques nativos en el marco de la Ley Nacional 26.331. Según el expediente, informes oficiales y publicaciones periodísticas evidenciaron desmontes recientes en distintas localidades del Chaco, violando la medida precautoria dictada el 19 de agosto de este año.
Desmontes que continúan
La Dirección de Bosques provincial presentó un informe detallando desmontes detectados tras la implementación de la medida cautelar. A su vez, un reporte de la Unidad de Información Criminal (UNICRI) de Gendarmería Nacional confirmó prácticas sistemáticas para encubrir la deforestación, como mantener cortinas de árboles visibles desde el exterior mientras se arrasa el interior. Además, se constató una actividad ilegal en el paraje Agua Dulce, en el Departamento de Güemes, donde se realizó un desmonte sin autorización ni documentación. Estas acciones no solo constituyen un incumplimiento judicial, sino que amenazan gravemente la biodiversidad y los ecosistemas locales.
En las últimas horas se dieron secuestros de topadoras y constatación de desmontes ilegales en zonas de Las Breñas y Corzuela. Para quienes están decididos a avanzar en el cambio de uso de suelo por la ilegalidad, asumiendo los costos que esto implica, donde el Ministerio de Producción no puede hacer más de lo que la propia legislación establece.