La Legislatura del Chaco ha dado un paso adelante con la sanción de una nueva ley que establece controles toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. Esta iniciativa, impulsada por el diputado provincial Rubén Omar Guillón, busca fortalecer la confianza ciudadana y garantizar la idoneidad de quienes ejercen cargos públicos.
La ley contempla un amplio espectro de funcionarios que deberán someterse a estos controles, incluyendo desde el gobernador hasta subsecretarios, los 32 diputados provinciales, jueces, fiscales, defensores y referentes de organismos constitucionales. Además, se prevé invitar a los municipios a adherirse, extendiendo estos controles a intendentes y concejales.
Exámenes
Los exámenes propuestos van más allá de una simple rinoscopía, abarcando estudios toxicológicos completos que 
incluyen análisis de sangre y orina para detectar el consumo de sustancias estupefacientes.
El costo de estos estudios será asumido por los propios funcionarios, y serán realizados por el Laboratorio Central de la Provincia o el Instituto Médico Forense del Poder Judicial.
Enfoque
Un aspecto destacable de la normativa es su enfoque humanitario y no punitivo.
En caso de que un funcionario dé positivo en los controles, se establece un protocolo confidencial que prioriza la rehabilitación por sobre la estigmatización. El funcionario tendrá la opción de someterse voluntariamente a un proceso de recuperación, manteniendo sus derechos laborales mediante licencias especiales. Sin embargo, si se negara a iniciar el tratamiento, el Estado podrá tomar medidas para impedir que continúe en el ejercicio de sus funciones, salvaguardando tanto su salud como el interés público.
El diputado Guillón enfatiza que esta ley no busca juzgar el consumo personal, que considera parte de la privacidad individual, sino garantizar que quienes toman decisiones que afectan a la comunidad lo hagan en pleno uso de sus facultades.
Compromiso
La iniciativa representa un compromiso concreto en la lucha contra el narcotráfico y busca asegurar que los funcionarios públicos estén en óptimas condiciones para desempeñar sus responsabilidades.
Esta medida coloca a Chaco a la vanguardia en materia de control y transparencia en la función pública, estableciendo un precedente que podría ser replicado en otras jurisdicciones del país.
La implementación efectiva de esta ley será fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones y asegurar un ejercicio responsable de la función pública.