La Unión del Personal Civil de la Provincia advirtió que la pauta unilateral del Poder Ejecutivo vulnera la Ley de Negociación Colectiva y profundiza la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales, no se llama a paritarias. El gremio anunció que profundizará las medidas de fuerza y llevará el conflicto a la vía judicial y administrativa.
Comunicado de UPCP
En un documento institucional respaldado por su comisión directiva, la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP), que encabeza el secretario general José Niz, manifestó su más categórico rechazo frente a la pauta salarial anunciada de forma unilateral por el Poder Ejecutivo provincial para la totalidad de la administración pública. La entidad gremial calificó la medida como una imposición arbitraria, absolutamente insuficiente ante el ritmo inflacionario e irremediablemente desapegada de las normativas legales que rigen las relaciones laborales en el ámbito estatal. Según la conducción de UPCP, el otorgamiento de un incremento del 10% —estructurado en dos tramos del 5% para los meses de agosto y noviembre, con impacto formal en las planillas de septiembre y diciembre— combinado con el esquema de asignaciones fijas sin aportes patronales ni personales, lejos está de conformar un mecanismo de recomposición real de los salarios.
La necesidad de llamar a las Paritarias
En ese sentido, el gremio centró sus críticas en la política de otorgar sumas extraordinarias a través de decretos de emergencia, como el decreto 1670/2026, firmado el pasado 17, que estableció la liquidación de un bono «Refuerzo» equivalente a $100 mil para el personal en actividad y de $80 mil para el personal pasivo, jubilados y pensionados de la caja provincial, a efectivizarse en dos cuotas durante los meses de julio y octubre. Desde UPCP advirtieron que, al tratarse de montos con carácter no remunerativo y no bonificable, estas asignaciones quedan completamente marginadas del haber básico de los empleados públicos: no computan para el cálculo del Sueldo Anual Complementario, desvirtúan la escala jerárquica, no actualizan los adicionales ni las adscripciones de ley y privan a los agentes estatales de una recomposición genérica y duradera. Asimismo, la conducción sindical alertó que la falta de aportes y contribuciones sobre estas sumas fijas no solo perjudica el cálculo de las jubilaciones futuras de los activos, sino que priva de ingresos cruciales al sistema de seguridad social de la provincia, profundizando el financiamiento deficitario del organismo previsional y dejando a la clase pasiva en un estado de marcada postergación.
Justicia Laboral
La posición de UPCP cobra mayor significación al considerar el contexto legal en el que se produce este anuncio. La controversia salarial en la administración pública provincial se encuentra actualmente bajo la órbita de la Justicia Laboral, donde se habían fijado criterios precisos para avanzar en el tratamiento ordenado de los reclamos y establecer la fecha de convocatoria a la paritaria general del sector público. Sin embargo, mientras los trabajadores e instituciones sindicales aguardaban el cumplimiento de dichas pautas, el Poder Ejecutivo decidió intempestivamente dictar medidas por fuera de ese ámbito, vaciando de contenido práctico el proceso paritario y desconociendo el espíritu de la Ley de Negociación Colectiva 1767-L, normativa plenamente vigente en la provincia que obliga a las autoridades a consensuar la pauta salarial con la representación gremial en mesas paritarias abiertas, transparentes e institucionales.
Los trabajadores en alerta
Frente a esta coyuntura, la UPCP ratificó que mantendrá la firmeza en sus reclamos e instó al Poder Ejecutivo a rectificar de inmediato su accionar. La dirigencia sindical exigió dejar sin efecto las decisiones unilaterales, dar estricto cumplimiento a los mandatos dictados por la Justicia Laboral y convocar sin más dilaciones a la negociación colectiva formal estipulada por la Ley 1767-L, advirtiendo que, de persistir la falta de respuesta y la intransigencia gubernamental, se profundizarán las medidas de fuerza, el plan de lucha en las dependencias estatales y las acciones de índole administrativa y judicial en resguardo del derecho de los trabajadores públicos.
