El Concejo Deliberante aprobó por consenso dos dictámenes clave que permiten regularizar la situación jurídica de varias familias y cerrar una deuda millonaria con la entrega como pago de cinco terrenos. El presidente del cuerpo, Alejandro Barcala, destacó el trabajo del cuerpo y la priorización del vecino por sobre los colores políticos.
En una jornada marcada por el consenso entre los bloques oficialista y opositor, el Concejo Deliberante de Charata dio luz verde a dos resoluciones fundamentales para el municipio. Por un lado, se destrabó la entrega de numerosos títulos de propiedad de viviendas; por otro, se puso fin a un conflicto judicial iniciado en 2009 con el Gobierno Nacional, evitando un impacto financiero severo en las arcas comunales.
Alejandro Barcala, presidente del legislativo local, calificó la sesión como «un paso importante» no solo por los resultados concretos para los vecinos, sino por la metodología de trabajo que permitió dejar de lado las diferencias partidarias en pos del bien común.
Agilización sin precedentes en la titularidad de viviendas
Uno de los puntos centrales de la sesión fue la autorización para acelerar la tramitación de decenas de títulos de propiedad. Según detalló Barcala, se realizó un relevamiento exhaustivo que depuró la lista inicial de 201 solicitudes, descartando cinco casos que no cumplían con las condiciones necesarias (como propietarios que ya poseían otros inmuebles o terrenos).
El presidente del Concejo comparó esta cifra con los antecedentes históricos para dimensionar el impacto de la medida:
- 2021: 29 títulos entregados.
- 2022: 28 títulos.
- 2023: 26 títulos.
- 2024: 13 títulos.
Con la nueva resolución, se prevé entregar 196 títulos en un plazo estimado de seis o siete meses, una cifra que casi iguala lo logrado en toda la gestión previa y que Barcala definió como «histórico para la ciudad». «Es un adelanto muy importante… reivindicamos un compromiso con la gente», afirmó el edil.
La regularización busca brindar seguridad jurídica a las familias, permitiéndoles acceder a créditos, proteger su patrimonio ante eventualidades y asegurar la herencia para sus hijos, eliminando la incertidumbre de tener posesiones «en el aire».
Sobre el precio de los terrenos fiscales, se mantuvo una tarifa histórica actualizada por última vez en 2018. Un lote de 10×25 metros tiene un valor aproximado de 30.000 pesos, una cifra considerada accesible para la comunidad. «La gente lo aclaró bien hoy: no quiere que le regalen nada, quieren tener la posibilidad de tener el título», indicó Barcala.
Solución financiera: Entrega de terrenos como parte de pago de deuda
El segundo dictamen aprobado abordó una deuda pendiente con la Nación originada en 2009. El municipio enfrentaba un juicio por honorarios que podía derivar en una condena de 320 millones de pesos, una suma que representa más del 50% de la masa salarial municipal.
Para evitar este desembolso, que hubiera comprometido seriamente el pago de sueldos y el mantenimiento de servicios básicos, el Concejo aprobó la entrega como parte de pago de cinco terrenos fiscales pertenecientes al municipio.
Barcala utilizó una analogía doméstica para explicar la decisión: «Esto pasa en cualquier casa: o sacás los 300 mil que tenés para comer o te llevás la moto. Muchas veces uno prefiere que le lleven la moto y que le quede dinero para atender a la familia». Aunque reconoció que «duele mucho» desprenderse de activos propios, sostuvo que era la opción más responsable para garantizar la continuidad administrativa y el bienestar de los empleados y vecinos.
Consenso político y mirada hacia el futuro
El clima de la sesión estuvo marcado por la cooperación entre los bloques. Barcala resaltó que, pese a los «idas y vueltas» y las tensiones internas propias de la política, ambos lados priorizaron el beneficio vecinal. «El voto del bloque de la oposición era muy importante… no empezaron a ver si nos hacía mal a la gestión, tomaron una decisión y nos acompañaron», expresó.
Con estas resoluciones, el Concejo Deliberante de Charata cierra un capítulo judicial de más de una década y abre uno de los períodos más fértiles en materia de regularización dominial de su historia reciente, estableciendo un precedente de gobernabilidad basada en el diálogo.
